La justicia española se ve nuevamente interrumpida, luego de que La Cámara del Consejo declinara ante la solicitud de arresto contra Lluís Puig.
El antiguo consejero de la Generalitat de Cataluña huyó a Bélgica en el 2017, donde los tribunales parecen respaldarlo. Esto se debe, según fuentes de la Fiscalía de Bruselas, a que el tribunal no consideró que el Tribunal Supremo de España, el cual dictamino la orden, estuviera apto. Sumado a esto, el tribunal de Bélgica señala que el juicio de Lluís Puig no debió llegar nunca al Tribunal Supremo.
El ex conceller es solicitado por el uso ilícito de fondos del Estado luego de que estuviera relacionado por la organización del referéndum que tuvo lugar el 1 de octubre. Junto a Lluís Puig, también llegaron a Bélgica Toni Comín, Carles Puigdemont.y Meritxel Serret
Antes de esta última orden realizada por las autoridades españolas, Bélgica ha rechazado en dos ocasiones la misma solicitud. La primera fue en diciembre del 2017 y la segunda en mayo del 2018. Sin embargo, en aquellas ocasiones, se apelaba a defectos de forma y no por falta de competencia.
Mientras tanto, Paul Bekaert, el abogado de la defensa, quien se cree asimismo juez y perito, no considera que Pablo Llanera, el magistrado del Tribunal Supremo, sea competente, tanto para el cargo como para la solicitud.
Lluís Puig celebra la noticia como un ejemplo vivido de la calidad y eficiencia de la ley europea. Solicita por su parte que a todos los presos relacionados con el juicio sucedido el 1 de octubre, y que pasó directamente a manos del Tribunal Supremo, se les aplique una amnistía general por parte del Gobierno español.
Solicitud para levantar la inmunidad
Además de impedir la extradición de Puig, la intervención del Tribunal de Bélgica dificulta los procesos pertinentes a la solicitud de Puigdemont y Comín, luego de que quedasen en nada tras varios meses de espera. La autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les brindo inmunidad política luego de ser elegidos en las elecciones del 2019 como parte del Parlamento Europeo, puesto que ejercen desde enero del 2020.
Las autoridades de España realizaron un suplicatorio a la Unión Europea para despojar de esta inmunidad a los solicitados. Lamentablemente, por la situación de pandemia que ha afectado notablemente a los países de Europa, no se espera una respuesta de la Eurocamara hasta finales de este año.
Fuente: elmundo.es
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