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La Fiscalía del Supremo no encuentra indicios delictivos contra Puigdemont

  • 4 septiembre, 2020

El caso contra Puigdemont, el expresidente catalán sufre un cambio tras el informe aportado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde se señala la ausencia de indicios delictivos relacionados con la gestión de las Aguas de Girona durante su turno en la presidencia.

En el informe el Ministerio Público no se posiciona  contra Puigdemont, por lo que está en contra de levantar una causa penal al diputado, quien ahora se encuentra prófugo debido a las aparentes irregularidades percibidas durante su gestión en la empresa Agissa. Su dirección data entre los años 1998 y 2013.

Si bien, en la exposición razonada se recogieron hechos, los cuales fueron remitidos por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, el fiscal considera que no tienen validez, puesto a que no encajan con el delito de prevaricación, así como tampoco con el de malversación de fondos públicos, fraude a la Administración ni falsedad.

La solicitud de imputación contra Puigdemont vino por parte de la juez de Girona a razón de “una operación para ocultar” el origen de la colección de arte adquirida por el Ayuntamiento a los herederos de Santos Torroella, la cual se obtuvo a costa de los fondos obtenidos del establecimiento del “canon inicial” con razón del servicio de agua.

En palabras de la juez Elena Román, durante la dirección de Puigdemont “se ideó un artificio, desde los presupuestos del equipo de Gobierno que fue asumido, con mayor o menor conocimiento, por once concejales en el Pleno de 14 de febrero de 2014. Y ese artificio llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua”.

La Fiscalía argumenta que no supone una sustracción

La Fiscalía del Alto Tribunal argumenta que “la asignación de una finalidad publica distinta al canon municipal del agua […] a otros fines públicos, ni constituye administración desleal del patrimonio público […] ni supone apropiación o sustracción para sí o para un tercero”, esto debido a que la aplicación de los recursos son destinados de igual forma a otro sector público. A esto, el Ministerio Público añade que “la desviación de uso a otros fines públicos solo constituye infracción administrativa por aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal”.

Así como el fiscal de Sala Fidel Cadena, el fiscal del Supremo Carmelo Quintana sostiene que las acusaciones contra Puigdemont sobre actos malversadores deben ser descartadas. Su actuación es reducida por el fiscal a una “adquisición para el Museo municipal de una colección de obras de arte habiendo abandonado parte del precio […] con el importe recibido por el Ayuntamiento […] para gestionar el cobro del canon del agua, y que deberían de haberse aplicado al financiamiento del gasto municipal relacionado con el ciclo integral del agua”.

Sumado a esto, ambos fiscales no le dan crédito a la comisión de un delito de prevaricación. El Ministerio Público opina que no es propio atribuir ningún “artificio” con la intención de defraudar al Ayuntamiento de Girona. La Sala de Admisión del Tribunal Supremo decidirá si se comenzarán las investigaciones penales al respecto o no.

Fuente: elmundo.es

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